«Estados Unidos se está llevando todo el petróleo y no nos está dando nada.» La frase se repite en redes, en grupos de WhatsApp, en cualquier conversación sobre Venezuela. Suena convincente. Pero cuando uno mira cómo funciona realmente el negocio del petróleo venezolano, la historia es otra.
Vamos por partes. Nadie «se lleva» petróleo gratis. El crudo se compra. Y quien lo compra no es el gobierno de Estados Unidos, sino compañías privadas que pagan un precio de mercado, como pagaría cualquier refinería en cualquier parte del mundo. Confundir eso con un saqueo es no entender cómo se mueve el negocio petrolero desde hace un siglo.
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Ahora, la parte que casi nadie explica: no todo el petróleo vale lo mismo. El petróleo venezolano es pesado, denso, y necesita mucho más procesamiento que el crudo liviano que se extrae en Texas o en el Mar del Norte. El West Texas Intermediate y el Brent —las dos referencias que fijan el precio internacional— salen casi listos para refinar. El venezolano, no. Antes de convertirse en combustible o cualquier derivado, tiene que pasar por un proceso adicional, más caro y más lento. Esa diferencia técnica, y no una decisión arbitraria, es la que explica por qué el barril venezolano se vende más barato que el resto.
Dicho esto, hay algo que entiendo perfectamente y que no voy a minimizar: la desconfianza del venezolano. Después de años de opacidad, de cifras que nunca cerraban, de un Estado que manejó el petróleo como caja chica sin rendirle cuentas a nadie, es lógico que cualquier venezolano mire con recelo cualquier operación que involucre ese recurso. Esa desconfianza no nació de la nada. Se ganó a pulso, gobierno tras gobierno.
Pero hay una diferencia que hay que marcar con toda claridad: Estados Unidos no es Venezuela. Ahí no hay una caja negra. Las compras de petróleo, los contratos, los movimientos de las compañías privadas, todo eso está auditado, reportado y sujeto a controles que en Venezuela simplemente no existieron durante años. Trasladar la lógica de la opacidad venezolana a un sistema que funciona bajo reglas distintas es un error de lectura, no un dato real.
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También entiendo la ansiedad por que todo esto avance más rápido. Después de tantos años esperando un cambio, cualquier proceso que tome tiempo genera desconfianza y hasta desesperación. Es una reacción humana y comprensible. Pero un proceso de esta magnitud, con la salida de Nicolás Maduro del poder el 3 de enero como punto de partida, no se resuelve de un día para otro. Hay una estrategia detrás, con etapas, negociaciones y decisiones que no siempre se explican en público, y eso no significa que no existan.
Esa estrategia responde a un plan de la administración de Donald Trump, que fue quien impulsó y sostuvo el proceso que terminó por sacar a Maduro del poder. Vale la pena recordar algo que muchos no dimensionan: mientras buena parte de los venezolanos celebraba el Año Nuevo en familia, hubo militares trabajando en silencio en esa operación, lejos de los suyos, arriesgando la vida para lograr algo que parecía imposible. Ese plan merece el tiempo y el respeto que corresponde a algo que ya demostró resultados concretos. Cuestionar cada paso sin conocer el trasfondo completo, sobre todo cuando se trata de un tema tan técnico como el mercado petrolero, termina alimentando una desconfianza que no se apoya en datos, sino en la herencia de años de manejo opaco por parte del propio chavismo.
Y ya que hablamos de regalar petróleo, vale la pena mirar hacia atrás. El que sí entregó crudo venezolano sin recibir un pago justo a cambio fue el propio chavismo. Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, buena parte del petróleo se envió a China, Rusia, Irán y Cuba bajo esquemas de financiamiento y acuerdos políticos que en la práctica funcionaron como regalos: petróleo a cambio de préstamos impagables, protección internacional o lealtad geopolítica. Ese fue el verdadero costo oculto del recurso más importante de Venezuela, y ese capítulo no lo escribió Washington.
Ahora bien, hay un punto que no se le puede restar validez a la duda del venezolano: si antes el chavismo repartió el petróleo sin rendir cuentas, la exigencia lógica hacia adelante es que no se repita ese mismo error, esta vez del otro lado. Según una investigación del Financial Times, Estados Unidos habría recaudado más de 13.000 millones de dólares por la venta del petróleo venezolano desde que tomó el control de las exportaciones, pero solo se registró oficialmente una transferencia de 300 millones de dólares destinada a la reconstrucción del país. Esa diferencia entre lo recaudado y lo devuelto ya generó presión bipartidista en el Congreso de Estados Unidos, con legisladores exigiendo que se hagan públicos los informes de auditoría sobre esos fondos.
El propio 27 de julio, una periodista le preguntó directamente a Donald Trump, a bordo del Air Force One, dónde estaba ese dinero. Trump respondió que se está usando para administrar el país, pero no ofreció un desglose concreto ni cifras específicas, pese a la insistencia de la periodista. Esa respuesta esquiva es, precisamente, la razón por la que la transparencia sigue siendo una tarea pendiente. La desconfianza del pueblo venezolano no se resuelve solo con explicaciones técnicas sobre el precio del crudo: se resuelve con números claros y sostenidos en el tiempo.
Entonces, ¿se está llevando Estados Unidos el petróleo venezolano sin dar nada a cambio? No, al menos no en el sentido de un saqueo directo: lo está comprando, a través de empresas privadas, a un precio que refleja lo que ese crudo vale realmente en el mercado. El petróleo que de verdad se regaló fue el que salió con el chavismo en el poder. Pero eso no exime a Washington de una obligación pendiente: mostrar con hechos, y no solo con promesas, en qué se está usando el dinero que hoy administra en nombre de la reconstrucción de Venezuela.
