El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha lanzado una contundente advertencia a importadores, comercializadores y distribuidores de alimentos: bajar los precios o enfrentar consecuencias legales, incluyendo la cárcel.
Esta medida, enmarcada en su lema «el dinero alcanza cuando nadie roba», busca combatir la alta inflación que afecta a la población salvadoreña, donde el 52% enfrenta dificultades para cubrir necesidades básicas.
Bukele, quien previamente logró una drástica reducción de homicidios con su dura política contra las pandillas, ha identificado sobreprecios en productos de la canasta básica.
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Para contrarrestar esto, se han implementado 20 «agromercados» con precios supuestamente «justos», como una primera fase de una estrategia más amplia que incluye la creación de centrales de abastos y la eliminación de aranceles a diversos productos.
Sin embargo, la eficacia de esta estrategia genera incógnitas. ¿Lograrán los agromercados un impacto significativo en el costo de vida? ¿Será suficiente la amenaza de prisión para controlar los precios a largo plazo? El tiempo dirá si la apuesta de Bukele representa una solución viable a la crisis alimentaria en El Salvador, o simplemente una medida de corto alcance con efectos aún inciertos.
Agromercados: Una Nueva Opción para Comprar Productos Frescos en El Salvador
Agromercados, espacios diseñados para conectar directamente a productores y consumidores, eliminando intermediarios y ofreciendo productos frescos a «precios justos».
Actualmente, existen 50 agromercados distribuidos en los 14 departamentos del país, abiertos de lunes a domingo de 6:00 a 13:00 horas.
Estos mercados operan bajo un sistema autoservicio, donde los clientes eligen sus productos (frutas, verduras, granos básicos) y pagan al final.
Sin embargo, a diferencia de lo que se podría esperar de un mercado que promueve la venta directa del productor, muchos de los productos provienen de mayoristas como La Tiendona, el principal centro de mayoreo del país, que a su vez importa gran parte de su inventario de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Si bien la experiencia de compra en los agromercados se presenta como una alternativa a los mercados tradicionales, ofreciendo mayor selección y evitando el embolsado preestablecido, su accesibilidad depende de la ubicación geográfica.
La falta de agromercados en zonas densamente pobladas, como San Salvador, limita su impacto. Además, el costo del transporte puede desincentivar a algunos consumidores a acudir a ellos.
Los agromercados son administrados en colaboración entre el gobierno y las municipalidades, las cuales proporcionan infraestructura y personal de apoyo.
¿Una alternativa más económica?
Los agromercados, como los de Apopa y Quezaltepeque, se presentan como una alternativa, ofreciendo precios significativamente más bajos que los mercados tradicionales y supermercados, según testimonios de clientes.
Michelle Ruiz, por ejemplo, destaca la diferencia en el precio de la papa, obteniendo el doble por el mismo dólar en el agromercado de Apopa. Teresa Ayala, clienta habitual en Quezaltepeque, confirma la tendencia, comprando más cantidad por menos dinero.
Sin embargo, la situación no es uniforme. Vendedores callejeros, como Bryan López en Quezaltepeque, reportan una competencia que se ha nivelado con la reciente baja de precios.
Sus precios son en ocasiones similares o ligeramente superiores a los del agromercado, aunque a veces no coinciden con las cantidades anunciadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
En otros casos, como en el mercado central de San Salvador, los precios se mantienen similares a los de los agromercados.
La inflación, si bien ha disminuido recientemente (de 1.78% en julio a 1.2% en agosto), sigue siendo un factor clave.
Los costos adicionales para los vendedores de mercados convencionales, como impuestos municipales y servicios básicos, explican en parte las diferencias de precios.
La presión ejercida por los consumidores tras las denuncias del presidente Bukele sobre «mafias» en el sector alimenticio también parece haber influenciado la situación.
¿Precios bajos en los agromercados? Un misterio sin resolver.
El gobierno promueve los agromercados como una alternativa con precios accesibles, eliminando intermediarios y fomentando la participación de productores locales e importadores.
Sin embargo, la procedencia de la mayoría de los productos –La Tiendona, un centro mayorista de importaciones que abastece también a mercados convencionales– genera interrogantes.
¿Cómo se logran estos precios preferenciales? Se barajan varias hipótesis: negociaciones gubernamentales por compras a gran escala; la utilización de recursos públicos y funcionarios en los agromercados; un posible subsidio gubernamental (insostenible a largo plazo, según algunas fuentes); o incluso la retención de parte de las mercancías de camiones que se dirigen a La Tiendona a un precio inferior al de mercado.
BBC Mundo ha intentado obtener aclaraciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin obtener respuesta hasta el momento. La falta de transparencia genera dudas sobre la verdadera viabilidad y sostenibilidad del modelo de los agromercados.
El Salvador: Un país cada vez más importador de alimentos
El costo de la canasta básica alimentaria en El Salvador ha aumentado significativamente desde la llegada de Bukele al poder en 2019.
Este incremento, reflejado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), ha impulsado al gobierno a tomar medidas, como la suspensión por 10 años de los impuestos de importación a los productos de la canasta básica ampliada.
Sin embargo, la efectividad de esta medida es cuestionada. Analistas señalan que la mayoría de los aranceles a los alimentos importados ya son mínimos o inexistentes, consecuencia de los Tratados de Libre Comercio (TLC) implementados desde la década de 1990.
El Salvador, al igual que otros países centroamericanos, ya había reducido o eliminado aranceles a productos esenciales en años anteriores.
La alta dependencia de las importaciones es un problema preocupante. El país importa alrededor del 90% de sus legumbres, verduras y frutas, además de una alta proporción de otros productos básicos como derivados de la leche, frijol y arroz.
Esta situación genera un déficit comercial considerable, superando los US$8.000 millones en el último año, compensado en parte por las remesas.
Representantes de gremios agrícolas, como Luis Treminio de Campo, alertan sobre el riesgo de perder la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Señalan la necesidad de impulsar la producción local a través de una política agropecuaria nacional sólida y a largo plazo que fomente la producción interna y reduzca la dependencia de las importaciones.
El Plan Económico de El Salvador: ¿Solución o Propaganda?
El gobierno salvadoreño ha lanzado la fase 1 de su «Plan Económico: Alimentación», centrada en agromercados y la eliminación de aranceles.
Sin embargo, expertos cuestionan su eficacia. Julia Evelin Martínez, economista de la UCA, considera estas medidas temporales y más enfocadas en propaganda que en un impacto real en los precios de los alimentos.
Martínez advierte que la eliminación de aranceles podría destruir la producción nacional y aumentar la dependencia de importaciones, encareciendo los alimentos.
Esta preocupación coincide con datos alarmantes: el 52% de la población salvadoreña (3.3 millones de personas) enfrenta inseguridad alimentaria, según OCHA. La FAO, además, incluye a El Salvador en su lista de países a monitorear por el hambre.
El plan, que consta de seis fases, carece de transparencia. Su contenido no es público, y solo se conocen algunos detalles, como el enfoque en tecnología, ejemplificado por la inauguración del Altius Tech Park.
Si bien el gobierno ha apostado por la tecnología, incluyendo la adopción del Bitcoin, su impacto real se mantiene limitado, según reconocen incluso autoridades y analistas.
El presidente Bukele ha advertido sobre la necesidad de medidas difíciles para la recuperación económica, comparando el proceso con el éxito logrado en materia de seguridad.
La efectividad a largo plazo de este «Plan Económico: Alimentación» y su transparencia siguen siendo interrogantes clave.
Con información de BBC News Mundo
