Durante décadas, el contrato de seguro en Argentina estuvo regido por la Ley 17.418. Una norma técnicamente valiosa en su momento, pero pensada para un mercado que ya no existe: analógico, cerrado y fuertemente intervenido.
El problema no es su origen. El problema es su persistencia.
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Hoy el seguro compite con nuevas formas de gestionar el riesgo, con economías abiertas, con tecnología que redefine la contratación y con una demanda social que necesita cobertura real, no discusiones judiciales. Sin embargo, seguimos operando bajo un esquema donde la protección del asegurado se intentó construir limitando el contrato.
El resultado está a la vista: baja penetración, litigiosidad, productos poco adaptados y costos elevados.
La propuesta de reforma del contrato de seguro en Argentina no busca “desregular”. Busca algo más profundo: cambiar el eje.
Pasar de un modelo que controla el contrato a uno que hace funcionar el sistema.
Del formalismo a la funcionalidad
La ley vigente responde a una lógica formalista. La póliza es el centro, las cargas son rígidas, las caducidades operan automáticamente y cualquier desviación termina en conflicto.
La reforma introduce un cambio clave: el contrato pasa a ser consensual, digital y funcional. La póliza deja de ser una traba y pasa a ser un instrumento probatorio.
Esto no es menor: reduce costos, acelera la contratación y amplía el acceso.
El contrato de seguro en Argentina y el cambio hacia una lógica económica
Uno de los mayores problemas del sistema actual es la mecánica de “todo o nada”. La reticencia, la agravación del riesgo o el incumplimiento de cargas pueden dejar sin cobertura al asegurado por cuestiones formales.
La reforma reemplaza ese esquema por un criterio de causalidad y proporcionalidad.
No todo incumplimiento rompe el contrato. No toda omisión justifica la pérdida del derecho.
Esto no debilita al sistema. Lo fortalece. Porque reduce la litigiosidad y alinea el contrato con su función económica: cubrir riesgos, no generar conflictos.

Menos litigiosidad, más pago de siniestros
El seguro argentino tiene un problema estructural: se judicializa a alto costo.
La ley vigente no prevé mecanismos eficientes de resolución alternativa. Todo termina en tribunales. Y eso tiene un costo que finalmente paga el asegurado.
La reforma incorpora mediación y arbitraje como herramientas centrales. Además, establece la obligación del asegurador de expedirse en forma fundada sobre el siniestro y transforma el incumplimiento de plazos en un elemento relevante para determinar responsabilidad.
El objetivo es claro: que el conflicto se resuelva antes de llegar a juicio.
Innovación y apertura
La ley actual limita el diseño de productos. La reforma, en cambio, habilita seguros paramétricos, indexados, personalizados o basados en comportamiento.
Esto no es teoría. Es el estándar internacional.
Más opciones implican más competencia. Más competencia implica mejores precios. Y mejores precios implican más gente asegurada.
Recuperar la ingeniería del seguro
Lejos de “romper” el sistema, la reforma preserva y moderniza los institutos esenciales:
- subrogación
- salvamento
- pluralidad de seguros
- sobreseguro e infraseguro
- provocación del siniestro
Pero los actualiza, eliminando automatismos y agregando criterios de causalidad.
El resultado es un contrato más robusto, más claro y más alineado con la práctica real.
La verdadera protección del asegurado
La discusión de fondo es esta:
¿Se protege mejor al asegurado limitando el contrato o haciendo que el seguro funcione?
La evidencia es clara. Un sistema caro, litigioso y rígido no protege. Excluye.
La verdadera protección surge de:
- más oferta
- mejores productos
- reglas claras
- menor conflictividad
Una reforma necesaria del contrato de seguro en Argentina
Contrato de seguro en Argentina: La Argentina necesita un mercado asegurador más profundo, más competitivo y más integrado al mundo.
Para eso, el contrato de seguro tiene que dejar de ser una pieza rígida del pasado y convertirse en una herramienta dinámica del presente.
Y sobre todo, entender que el objetivo final no es el contrato en sí mismo. Es que, cuando ocurra el siniestro, el seguro responda.
Además, no se trata solo de desregular o achicar cantidad de artículos. Se trata de regular mejor. De no perder la oportunidad de dar un salto de calidad, más allá de los nombres propios.
Porque hay una realidad: esos nombres poco han logrado en los últimos 30 años.
Esto no es un ejercicio académico ni un concurso de apellidos. Es un intento —perfectible, discutible, pero concreto— de cambiar una realidad que hace años no funciona.
Bienvenido el debate, pero en serio, con argumentos, propuestas e ideas.
Porque si la discusión se reduce a quién está detrás de un proyecto, y no a qué propone ese proyecto, entonces no estamos discutiendo cómo hacer crecer el sistema.
Estamos, simplemente, buscando una excusa para que nada cambie.
Y eso —si algo demuestra la historia reciente del sector— es lo único que seguro no funciona.
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