El seguro argentino necesita una nueva ley para un nuevo mercado

José Manuel Urdiroz
Contador público y especialista en regulación de seguros y transporte. Ex Subsecretario de Transporte Automotor y gerente de evaluación en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Actualmente lidera IMAGO – Estrategia y Regulación.

Seguro argentino: durante los últimos años se han dado pasos importantes en materia de desregulación, simplificación e incorporación de nuevas herramientas. Pero existe una discusión más profunda que tarde o temprano tendremos que abordar: ¿alcanza con modernizar la regulación o llegó el momento de modernizar también las leyes sobre las cuales esa regulación se construye?

Mi posición es que llegó ese momento

El núcleo legal de la actividad aseguradora argentina fue concebido hace más de medio siglo. La Ley 17.418 de Contrato de Seguro es de 1967; la Ley 20.091, que regula a las entidades aseguradoras y su control, de 1973; y la Ley 22.400, que regula a los productores asesores de seguros, de 1981.

No se trata de afirmar que esas leyes hayan sido malas. Por el contrario, estructuraron durante décadas buena parte del funcionamiento de nuestra industria.s

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El problema es otro: el mundo para el cual fueron pensadas ya no existe.

Hoy hablamos de contratación digital, inteligencia artificial, modelos automatizados de suscripción, seguros paramétricos, plataformas tecnológicas, nuevos canales de distribución, riesgos cibernéticos, integración internacional, capital basado en riesgos y supervisión prospectiva.

Pretender administrar ese mercado con una arquitectura legal diseñada para otra realidad genera inevitablemente capas regulatorias, interpretaciones administrativas y restricciones que terminan intentando cubrir aquello que la ley nunca pudo prever.

Por eso creo que la Argentina necesita avanzar hacia una reforma integral del régimen asegurador.

De un mercado administrado a un mercado supervisado

Seguro argentino: el cambio más importante no pasa por modificar un artículo o eliminar determinada resolución.

Es conceptual.

Durante décadas construimos un modelo donde el regulador tuvo una participación significativa en las decisiones de las compañías: productos, condiciones contractuales, inversiones, reaseguro, canales de comercialización y múltiples aspectos de la operatoria.

La alternativa no es un mercado sin regulación.

Es un mercado mejor regulado.

Un sistema donde las compañías tengan mayor libertad para competir, innovar y administrar sus negocios, pero donde esa libertad esté acompañada por mayores exigencias de solvencia, gobierno corporativo, gestión de riesgos, transparencia y responsabilidad.

La ecuación podría resumirse así:

más libertad + más responsabilidad + mejor información + capital según riesgo + supervisión inteligente.

Ese es el cambio de paradigma.

Capital según el riesgo, no simplemente según una fórmula

Uno de los ejes centrales de cualquier modernización debería ser avanzar hacia un verdadero régimen de capital basado en riesgos.

No todas las compañías son iguales. No tienen las mismas carteras, los mismos riesgos, la misma exposición financiera, la misma concentración, el mismo reaseguro ni la misma calidad de gestión.

Por lo tanto, tampoco tiene demasiado sentido supervisarlas como si fueran iguales.

La solvencia debería considerar integralmente los riesgos de suscripción, mercado, crédito, operación y concentración, así como las relaciones entre activos y pasivos.

A eso deben sumarse herramientas como la Evaluación Propia de Riesgos y Solvencia (ORSA), una función actuarial fortalecida y sistemas profesionales de gestión integral de riesgos.

Esto también permitiría modificar la lógica de actuación de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

En lugar de esperar que una compañía incumpla un indicador para recién entonces intervenir, un modelo moderno debe permitir identificar tempranamente el deterioro, exigir planes de regularización y aplicar medidas proporcionales antes de llegar a una situación crítica.

La mejor liquidación de una aseguradora es aquella que pudo evitarse mediante una supervisión preventiva eficaz.

Más libertad para innovar

Otro cambio necesario es abandonar progresivamente la lógica según la cual la innovación requiere previamente una autorización del Estado.

Las aseguradoras deberían poder diseñar libremente sus productos dentro de reglas generales claras.

Eso permitiría desarrollar con mayor velocidad seguros personalizados, modulares, paramétricos, coberturas asociadas al comportamiento, nuevos mecanismos de transferencia de riesgos y modelos de contratación que seguramente todavía ni siquiera imaginamos.

El supervisor debe conservar todas sus facultades para intervenir cuando exista abuso, afectación de la solvencia o perjuicio para los asegurados.

Pero supervisar no debería significar diseñar el negocio de las compañías.

Seguro argentino:la innovación ocurre cuando miles de actores prueban soluciones diferentes y los consumidores eligen cuáles generan valor.

La protección del asegurado también debe modernizarse

Más libertad empresarial exige también una mejor protección del asegurado.

Pero proteger no significa necesariamente acumular prohibiciones.

Significa garantizar información clara, consentimiento informado, trazabilidad y libertad de elección.

Una póliza del siglo XXI debería poder contratarse íntegramente por medios digitales, pero el asegurado debería poder conocer de manera sencilla qué está comprando, cuáles son las principales exclusiones, qué límites tiene la cobertura y cómo debe actuar frente a un siniestro.

También debemos revisar automatismos que pueden generar consecuencias desproporcionadas frente a incumplimientos formales cuando no existe un perjuicio real para la aseguradora.

La tecnología puede permitir simultáneamente menos burocracia y mayor protección.

No son objetivos contradictorios.

Productores, plataformas y nuevos canales

Seguro argentino: La transformación tecnológica también obliga a repensar la intermediación.

El productor asesor seguirá teniendo un papel fundamental, especialmente allí donde existe complejidad y el asegurado necesita asesoramiento profesional.

Precisamente por eso es importante distinguir asesoramiento de distribución.

Quien asesora debe asumir estándares de idoneidad, capacitación, diligencia y responsabilidad profesional.

Pero para productos simples también deben poder coexistir canales directos, plataformas digitales y nuevas formas de distribución.

La regulación debería ser tecnológicamente neutral.

Y debería existir un principio básico: el asegurado debe poder elegir cómo quiere contratar y con quién quiere asesorarse.

Reaseguro e inversiones: libertad con responsabilidad

Seguro argentino: la misma filosofía puede aplicarse al reaseguro y las inversiones.

Una aseguradora debería poder contratar reaseguro local o internacional en función de sus necesidades técnicas, siempre que las contrapartes cumplan requisitos objetivos de solvencia y capacidad.

Y debería poder administrar sus inversiones bajo principios prudenciales de seguridad, liquidez, diversificación, rentabilidad y adecuada correspondencia entre activos y pasivos.

El Estado debe controlar que la compañía pueda cumplir sus compromisos.

No necesariamente decidir por ella dónde debe colocar cada peso.

La diferencia parece pequeña, pero implica dos modelos regulatorios completamente distintos.

También debemos discutir la litigiosidad

No existe una reforma integral del seguro si no discutimos uno de sus principales costos sistémicos: la litigiosidad.

La solución no pasa por restringir derechos ni impedir el acceso a la Justicia.

Pasa por construir mecanismos mejores para resolver conflictos.

Mediación, conciliación y arbitraje especializado pueden ofrecer procedimientos más rápidos, técnicos y económicos.

También debemos mejorar la calidad de las pericias judiciales, garantizando independencia profesional pero exigiendo fundamentación técnica, utilización transparente de baremos y metodologías cuando correspondan y posibilidad de revisión de las conclusiones.

Un sistema más previsible beneficia al asegurado, a las compañías y finalmente al precio del seguro.

El seguro también puede ser una política de desarrollo

Hay otra discusión que considero particularmente importante.

Durante demasiado tiempo pensamos al seguro solamente como una actividad que debía ser regulada.

También deberíamos comenzar a pensarlo como una herramienta de desarrollo económico.

El seguro administra riesgos, pero además genera ahorro institucional de largo plazo.

Por eso resulta relevante generar incentivos fiscales verdaderamente significativos para seguros de vida, productos con ahorro y seguros de retiro.

El proyecto propone vincular esas deducciones a parámetros objetivos y actualizables, acompañándolas con períodos mínimos de permanencia que premien genuinamente el ahorro de largo plazo.

La lógica es simple: si queremos más ahorro privado de largo plazo, debemos generar incentivos para que exista.

En esa misma dirección debe analizarse la carga tributaria que hoy termina incorporándose al precio de las coberturas. El proyecto propone, entre otras medidas, que las operaciones de seguro, coaseguro, reaseguro y retrocesión no queden alcanzadas por IVA, preservando el tratamiento del crédito fiscal para evitar transformar una eliminación nominal del impuesto en un costo oculto.

También propone incorporar a las aseguradoras como una alternativa para instrumentar el Fondo de Asistencia Laboral, en condiciones de competencia y neutralidad frente a los demás vehículos habilitados.

Son ejemplos de algo más amplio: comenzar a utilizar la enorme capacidad técnica y financiera de la industria aseguradora para resolver problemas económicos que exceden al propio sector.

Abrir el mercado sin abandonar la supervisión

Argentina también debería discutir su integración con el mercado asegurador internacional.

La posibilidad de contratar determinadas coberturas en el exterior para riesgos no obligatorios puede ampliar opciones y generar competencia.

Eso no significa abandonar la protección local.

Los seguros obligatorios y aquellas coberturas donde existe un interés público específico pueden mantener reglas particulares.

Pero la apertura debería ser la regla cuando no exista una razón concreta para restringirla.

Una industria que compite se vuelve mejor.

Una oportunidad que no deberíamos desaprovechar

Seguro argentino:la transformación del mercado asegurador ya comenzó.

Hay avances regulatorios que van en dirección a mayor flexibilidad, innovación y apertura. El desafío ahora es pensar cómo consolidarlos en una arquitectura legal moderna y duradera.

Por eso elaboramos una propuesta integral que busca reemplazar las tres grandes leyes que hoy estructuran el sistema por un único régimen que contemple contrato, entidades, solvencia, intermediación, supervisión y apertura internacional.

No pretendo que cada artículo de esa propuesta sea definitivo.

Todo proyecto de esta magnitud debe ser discutido, corregido y enriquecido por aseguradoras, productores, especialistas, consumidores, académicos, reguladores y legisladores.

Pero sí creo que existe una discusión que ya no deberíamos postergar.

La Argentina tiene un mercado asegurador con enorme potencial, pero para desarrollarlo necesitamos dejar de pensar solamente en cómo controlar la industria que tenemos y comenzar a preguntarnos qué reglas necesitamos para construir la industria que queremos tener.s

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Ese, en definitiva, es el objetivo de la reforma.

No se trata de desregular el seguro. Se trata de regularlo mejor para que pueda crecer. Seguro argentino.

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