La orden de suspensión provisional de Petro, rechazada por juristas y revertida en horas, dejó una señal clara para el mercado asegurador: Colombia entra a la segunda vuelta del 21 de junio con el riesgo político en su nivel más alto en años.
El miércoles 10 de junio, una congresista del mismo partido del presidente ordenó su suspensión provisional del cargo. En menos de 24 horas, la Procuraduría suspendió a esa misma congresista. La Corte Suprema abrió una investigación. Y Petro siguió en funciones.
La decisión desató una fuerte controversia política y jurídica. Juristas, miembros de la propia comisión y el Gobierno sostienen que ese organismo no tiene facultad constitucional para apartar del cargo al jefe de Estado, una potestad que recae exclusivamente en el Senado.
El episodio duró horas. Pero su impacto en la percepción de riesgo del país no desaparece igual de rápido.
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Qué miden las aseguradoras cuando miran a Colombia
El riesgo político no es solo un concepto académico. Es un producto concreto del mercado asegurador que cubre a empresas e inversores frente a pérdidas causadas por decisiones de gobierno, expropiaciones, restricciones cambiarias, incumplimientos de contratos públicos o inestabilidad institucional.
La geopolítica y el reacomodo político pueden acelerar cambios de política pública con efectos pre y poselectorales en monedas y tasas. Para Colombia, esa reconfiguración abre puertas si, y solo si, se preserva la institucionalidad como activo país y se sostiene una narrativa de estabilidad que atraiga capital de largo plazo.
Cuando esa narrativa de estabilidad se rompe — aunque sea por unas horas — las primas del riesgo político suben y los inversores recalibran su exposición.
Un año que ya era de por sí complejo
La crisis de esta semana no llegó sola. La seguridad en Colombia dejó de ser un fenómeno coyuntural para convertirse en una restricción estructural al desarrollo económico. Durante los primeros dos meses de 2026, el homicidio alcanzó su nivel más alto para ese período desde 2015. Las masacres aumentaron 13% tanto en número de eventos como en víctimas, y el secuestro creció 12%.
Las presidenciales de 2026 se realizan en un ambiente tenso. Coface ya había identificado a Colombia como uno de los mercados de mayor atención en materia de riesgo político en la región para este año. Las empresas con operaciones en el país llevan meses ajustando sus coberturas.
Qué pasa el 21 de junio
La segunda vuelta enfrenta al abogado de derecha Abelardo de la Espriella contra el senador de izquierda Iván Cepeda, en un balotaje marcado por acusaciones de fraude electoral de parte del propio Petro, rechazadas por observadores internacionales.
Para el mercado asegurador, el resultado importa en dos dimensiones. Primero, la transición ordenada de poder: que el proceso electoral concluya sin conflicto institucional mayor. Segundo, la orientación de política económica del nuevo gobierno, que determinará el clima para la inversión extranjera y, con ella, la demanda de coberturas de riesgo político en el país.
Lo que esta semana dejó en claro es que ninguno de los dos escenarios está garantizado todavía.
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La información surge de reportes de Coface, Bancolombia (junio de 2026).
