El terremoto en Venezuela del 24 de junio destruyó edificios. Pero también dejó al descubierto algo que ya existía antes: Venezuela lleva décadas sin sistema asegurador que funcione. Cuando la tierra se movió, la mayoría de las familias que perdieron su casa, su negocio o sus pertenencias descubrió que no tenían ninguna póliza que las respaldara. Y que el Estado tampoco iba a cubrirlo.
Un mes después, la factura está sobre la mesa. Y nadie sabe quién la va a pagar.
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Antes del terremoto: un mercado asegurador destruido
Para entender lo que pasó después del 24 de junio, hay que entender lo que pasó antes.
Venezuela tenía, hasta hace una década, uno de los mercados aseguradores más activos de América Latina. Empresas privadas, pólizas de hogar, seguros de auto, coberturas de vida. Todo eso fue desapareciendo a medida que la economía colapsó.
La hiperinflación que comenzó en 2017 y llegó a superar el 1.000.000% anual destruyó el valor de las primas y las reservas técnicas de las aseguradoras. Las compañías no podían calcular tarifas en una moneda que perdía valor por horas. Los contratos se volvieron imposibles de sostener. Muchas aseguradoras cerraron o redujeron drásticamente su operación.
Hoy, la tasa de penetración de seguros en Venezuela es del 1,2% del PIB. El promedio latinoamericano es del 3,7%. El promedio global supera el 7%. Eso significa que Venezuela tiene una de las poblaciones más desprotegidas del mundo en materia aseguradora.
Los daños: 10.000 millones de dólares sin cobertura
Terremoto en Venezuela:las Naciones Unidas estimaron que los terremotos causaron 6.700 millones de dólares en daños físicos directos, equivalentes al 6% del PIB venezolano. La firma internacional Verisk elevó esa cifra por encima de los 10.000 millones al incluir interrupciones económicas, pérdida de actividad productiva y efectos secundarios.
El PNUD advirtió que el impacto económico total puede ubicarse entre 1,5 y 3 veces el valor del daño directo inicial. En el peor escenario, Venezuela enfrenta una factura de reconstrucción de entre 15.000 y 20.000 millones de dólares.
Cerca de 1,7 millones de estructuras se encontraban dentro del área afectada por el terremoto, incluyendo una concentración importante en las zonas de mayor intensidad sísmica. La NASA estimó que los edificios dañados o destruidos podrían llegar a 60.000. El gobierno contabilizó cientos.
De esos daños, prácticamente nada está cubierto por seguros privados. En economías con alta penetración aseguradora, parte de las pérdidas derivadas de fallecimientos, invalidez, vivienda o interrupción de ingresos es absorbida por el sistema asegurador. Cuando esa penetración es baja, el costo termina desplazándose hacia los hogares, los gobiernos y la asistencia internacional. En Venezuela, los tres están al límite.s
La bomba que explotó en el sector salud
Había una capa adicional de protección que tampoco funcionó como debía: las pólizas de salud.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) emitió una circular obligando a las compañías aseguradoras a brindar cobertura de emergencia por el terremoto, incluso en pólizas de salud y accidentes personales que habitualmente excluyen los riesgos por catástrofes naturales.
El problema es que esa exclusión no era un capricho de las aseguradoras. Era una realidad técnica: las pólizas de salud no están diseñadas ni financiadas para cubrir catástrofes masivas. María del Carmen Bouffard, expresidenta de la Cámara de Aseguradores de Venezuela, lo explicó con claridad: «Es una exclusión en las pólizas, las compañías no tienen la previsión ni tienen inversiones para poder soportar este tipo de riesgos».
El gobierno obligó a las aseguradoras a cubrir lo que técnicamente no podían cubrir. Eso no resolvió el problema — lo trasladó. Las compañías que obedecieron la circular lo hicieron a costa de sus propias reservas técnicas, poniendo en riesgo la sostenibilidad de las pólizas del resto de sus asegurados.
Las propiedades: sin seguro, sin indemnización, sin plan
La pregunta que más hacen las familias de La Guaira en este momento es la misma: ¿quién me paga la casa?
La respuesta, en la mayoría de los casos, es nadie.
Las pólizas de hogar con cobertura catastrófica nunca fueron masivas en Venezuela. Y las pocas que existían antes de la crisis económica de 2017 fueron canceladas o vencieron sin renovarse, porque las primas en bolívares dejaron de tener sentido.
El gobierno anunció un sistema de inspección de edificios con semáforo rojo, amarillo y verde para determinar si las estructuras son habitables. Pero anunciar una inspección no es lo mismo que pagar una reconstrucción. Las familias con edificio en rojo — inhabitable — recibieron una clasificación, no una solución.
Según Manuel Aguilera, presidente de Mapfre México, la tasa de cobertura de primas de aseguradoras con respecto al PIB en Venezuela es del 1,2%, frente al 3,7% que presenta Latinoamérica. Eso se traduce en que por cada dólar de daño que ocurre en Venezuela, el sistema asegurador puede cubrir apenas una fracción mínima. El resto lo absorbe la familia o el Estado. Y el Estado venezolano llega a esta reconstrucción sin reservas internacionales robustas y sin historial reciente de ejecución de grandes obras públicas.
Lo que viene: asistencia internacional o nada
La OIM proyectó que 6,7 millones de personas resultaron afectadas por los sismos. La ONU tiene presencia en Venezuela desde 2019 y activó su respuesta desde el primer día. Estados Unidos comprometió más de 300 millones de dólares. Otros países y organizaciones sumaron fondos y equipos.
Pero la asistencia internacional no reconstruye ciudades. Puede cubrir la emergencia inmediata — agua, refugio, alimentos — pero no puede reemplazar un sistema asegurador que no existe ni un Estado que no tiene capacidad fiscal para reconstruir.
El antecedente de 1999 en el mismo estado Vargas es el más cercano y el más claro: inundaciones y deslaves que arrasaron la región. Más de 25 años después, esa zona nunca se recuperó del todo.
Lo que el terremoto del 24 de junio dejó en evidencia no es solo la vulnerabilidad sísmica de Venezuela. Es la vulnerabilidad de un país que llegó a la peor catástrofe natural de su historia reciente sin seguros, sin reservas y sin instituciones funcionando.s
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La información surge de ONU, PNUD, Verisk, Descifrado, SeguroVision, El Economista, Sudeaseg, Transparencia Venezuela y Cámara de Aseguradores de Venezuela (junio-julio de 2026).
