Seis mil cuatrocientos treinta y ocho muertos. Ese fue el saldo del doble terremoto que sacudió a Venezuela el 24 de junio de 2026 según cifras oficiales _las de las ONGs y la NASA sobrepasan esos datos_ con magnitudes de 7,2 y 7,5. Los daños a edificios e infraestructura se estimaron en unos US$20.000 millones. Y de esa cifra, casi nada estaba cubierto por una póliza: la baja penetración del seguro de terremoto en Latinoamérica hace que, en países como Venezuela, solo una fracción mínima de las pérdidas termine siendo indemnizada.
Una región sísmica con seguros de bolsillo
El patrón se repite en distintos países de la región. En Colombia, apenas el 9,3% de las viviendas cuenta con algún tipo de seguro de hogar, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda). Tras el terremoto del 10 de agosto de 2026, esa brecha quedó expuesta con crudeza: de más de 2,6 millones de inmuebles asegurados contra terremoto en todo el país, la inmensa mayoría de los hogares colombianos quedó completamente descubierta frente al sismo.
México, pese a tener alrededor de 104 aseguradoras operando en el mercado, enfrenta un problema similar: la penetración del seguro de terremoto continúa siendo limitada, según advirtió la Confederación Panamericana de Productores de Seguros (COPAPROSE) en un encuentro reciente sobre gestión de riesgo sísmico en la región.
Chile, la referencia regional
Chile es la excepción que confirma la regla. El país acumula la experiencia sísmica más dura de la región —incluido el terremoto de magnitud 9,6 de 1960, el más fuerte jamás registrado en el mundo, y el de 2010, de US$46.000 millones en pérdidas ajustadas a inflación— y también el marco regulatorio más desarrollado. Su normativa de construcción sismorresistente, similar a la de California, se ha reforzado después de cada gran terremoto. No es casualidad que Chile también lidere el gasto per cápita en primas de seguros de la región, muy por debajo de Puerto Rico pero muy por encima del resto de sus vecinos.
Lo que el reaseguro no puede resolver
Cuando ocurre un terremoto grande, buena parte de la exposición de las aseguradoras locales termina en manos de reaseguradoras internacionales, lo que limita el golpe financiero sobre las compañías del país. Eso fue justamente lo que evaluó Fitch Ratings tras el sismo colombiano de agosto: el impacto patrimonial sobre las aseguradoras sería limitado gracias a la cesión de riesgo y a las reservas catastróficas exigidas por la regulación. Pero ese alivio corporativo no resuelve el problema de fondo. La factura que no llega a las aseguradoras no desaparece: la terminan pagando las familias sin póliza, o el Estado.
La brecha que preocupa a la industria
Swiss Re Institute calificó al terremoto de Venezuela como la catástrofe natural más costosa de América Latina desde el sismo chileno de 2010. El dato no sorprende a quienes siguen de cerca el mercado asegurador regional: la combinación de alta actividad sísmica y baja cultura de aseguramiento convierte a Latinoamérica en una de las zonas más expuestas del planeta cada vez que la tierra tiembla.
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La información surge de Swiss Re Institute
