La Suprema Corte de México resolvió que el monto de una indemnización en litigios de seguros no necesariamente debe fijarse desde la demanda. El fallo, aprobado en febrero de 2026, permite que el cálculo se determine en una fase posterior del proceso judicial bajo ciertas condiciones.
La Suprema Corte de México cambió el cálculo de indemnizaciones en seguros
El criterio fue fijado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de México. La decisión analizó la forma en que se cuantifican las indemnizaciones dentro de los contratos de seguro.
En ese marco, el tribunal interpretó disposiciones del Código de Comercio junto con los artículos 17 y 28 de la Constitución mexicana. Según el fallo, en las relaciones de seguro existe una asimetría estructural entre la aseguradora y la persona asegurada.
Además, la Corte determinó que la cifra incluida en la demanda funciona solo como una estimación. Por lo tanto, no constituye un elemento indispensable para que proceda la acción judicial.
En ese sentido, el tribunal consideró que exigir una cuantificación exacta desde el inicio del juicio puede convertirse en una carga probatoria excesiva. Esa exigencia, señaló, podría limitar el acceso efectivo a la justicia.
La indemnización en seguros podrá calcularse en la ejecución de sentencia
El caso que originó el criterio llegó al tribunal mediante el expediente Amparo Directo en Revisión 732/2025. La controversia surgió cuando una empresa demandó a su aseguradora por pérdidas económicas derivadas de un siniestro cubierto por la póliza.
El juez del caso reconoció el derecho a la indemnización. Sin embargo, dejó la determinación del monto para la etapa de ejecución de sentencia.
Posteriormente, un tribunal colegiado sostuvo que el monto debía acreditarse durante el juicio principal. Finalmente, la Suprema Corte revocó ese criterio y confirmó que el cálculo puede realizarse en una fase posterior.
El fallo establece que la ejecución de sentencia no es una nueva oportunidad probatoria. En cambio, se trata de la etapa en la que se hace efectivo un derecho previamente reconocido, siempre que el tribunal haya fijado las bases para la liquidación.
Con información de: cronista
