Cuestionan la legalidad de la medida
El estado de Illinois y la ciudad de Chicago presentaron este lunes una demanda contra la administración del presidente Donald Trump, luego de que la Casa Blanca anunciara el despliegue de cientos de miembros de la Guardia Nacional (GN) en la ciudad.
Según el Gobierno federal, la medida busca reforzar la seguridad ante el aumento de hechos violentos en la región.
El gobernador de Illinois, J. B. Pritzker, y el alcalde de Chicago, Brandon Johnson, cuestionaron la legalidad y el alcance de la decisión, argumentando que se trata de una acción unilateral que vulnera la autonomía de las autoridades estatales y locales.
En el documento judicial, ambas administraciones sostienen que el envío de tropas sin consentimiento representa una “violación al principio de soberanía estatal”.
El presidente, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, se encuentran entre los acusados.
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Autoridades locales denuncian “injerencia” en asuntos internos del estado
El conflicto se desató días después de que el presidente Trump autorizara el despliegue de soldados federales en Portland, Oregón.
Lo que generó fuertes críticas por parte de organizaciones civiles y funcionarios locales, quienes denunciaron abusos y detenciones arbitrarias durante las protestas.
Desde la Casa Blanca, un portavoz defendió la medida y aseguró que la intervención responde a una “necesidad de restaurar el orden y proteger la propiedad pública y privada”.
En la demanda presentada alegan que Trump tiene un largo historial de comentarios “amenazadores y despectivos” sobre Chicago y el estado de Illinois.
Trump lanza un ultimátum recordando la existencia de la “Ley de insurrección”
El presidente Donald Trump sugirió este lunes que podría invocar la Ley de Insurrección si los tribunales continúan bloqueando los despliegues de militares en distintas ciudades del país.
Desde la Oficina Oval, el mandatario explicó que, aunque hasta el momento no ha sido necesario recurrir a esa medida, no dudaría en hacerlo si considera que las autoridades locales o los jueces impiden acciones necesarias para garantizar la seguridad pública.
Trump defendió su postura señalando que su principal objetivo es proteger la vida de los ciudadanos y mantener el orden en las calles.
“Tenemos una Ley de Insurrección por una razón”, afirmó, subrayando que su gobierno actuará si la violencia o los delitos se agravan en las ciudades.
Analistas sostienen que este nuevo enfrentamiento entre el Gobierno federal y las autoridades locales reaviva el debate sobre los límites del poder presidencial en materia de seguridad interna.
Con información de CNN
