La revocación de la autorización para operar de Galeno ART no es un hecho aislado. Tampoco es una sorpresa. Es la consecuencia de un problema estructural que el sistema de riesgos del trabajo viene administrando hace años en lugar de corregir.
Durante más de dos años las señales estuvieron a la vista: litigiosidad creciente, deterioro técnico, tensiones en reservas, advertencias del mercado. Los números eran públicos. Las distorsiones, conocidas. Cuando un desequilibrio estructural se sostiene sin intervenciones de fondo, el desenlace deja de ser eventual y pasa a ser inevitable.
El problema no es una compañía. Es el diseño del sistema y la falta de gestión preventiva.
Argentina tiene niveles de litigiosidad en riesgos del trabajo que superan ampliamente a los de países comparables. No se trata de una diferencia cultural menor. Es un fenómeno sistémico que multiplica costos, distorsiona primas, erosiona solvencia y genera incertidumbre para empleadores y trabajadores.
Y sin embargo, la respuesta fue mayormente reactiva.
Se discutieron honorarios, peritos, tasas judiciales. Se ajustaron parches. Pero no se abordó el núcleo del problema: los incentivos del sistema.
Un ejemplo es paradigmático. Desde la reforma introducida por la Ley 27.348, las Comisiones Médicas son instancia administrativa previa obligatoria, con el objetivo declarado de desjudicializar. Sin embargo, la reglamentación exige patrocinio letrado obligatorio desde el ingreso del trámite.
Es decir, la primera puerta del sistema ya nace jurídicamente estructurada. No hay etapa administrativa simple y desformalizada. No hay instancia técnica inicial sin lógica litigiosa. El conflicto se organiza desde el minuto cero.
No es una crítica a los abogados. Es una crítica al diseño del sistema y a la falta de gestión eficaz para corregirlo. Cuando el procedimiento incorpora el litigio en su ADN, el resultado no debería sorprender.
Si el sistema remunera el diferencial litigioso y no la resolución temprana, la judicialización deja de ser una anomalía y se convierte en modelo de funcionamiento.
El impacto no es menor. Más juicios implican mayores reservas, mayor presión sobre capital, primas más altas y menor previsibilidad. En un contexto de reforma laboral que ampliará el empleo formal, el problema puede escalar si no se corrige la arquitectura institucional. Más trabajadores asegurados no fortalecen un sistema frágil; lo tensionan aún más.
A esto se suma una cuestión institucional delicada: el mismo organismo que debe prevenir la insolvencia es quien luego administra la liquidación. Supervisión y liquidación responden a lógicas distintas. La primera es preventiva y prudencial; la segunda, patrimonial y correctiva. Cuando ambas funciones se concentran, el diseño merece ser revisado.
El régimen de ART fue, en su origen, una reforma técnicamente sólida. Introdujo cobertura automática, prestaciones en especie y gestión aseguradora del riesgo laboral. Pero ningún diseño resiste si el entorno institucional desalineó incentivos y no se corrige el rumbo.
La discusión de fondo no es quién cayó. Es por qué siguen existiendo las condiciones para que vuelva a ocurrir.
El caso Galeno demuestra que la modernización del sistema de riesgos del trabajo no es un ajuste sectorial: es parte de una reforma más amplia del sistema asegurador como pilar de estabilidad económica.
Reducir la litigiosidad no es cuestión de discursos ni de controles aislados. Es cuestión de rediseño: reglas indemnizatorias claras, procesos médicos robustos, mecanismos técnicos de resolución temprana, capital basado en riesgos y supervisión verdaderamente preventiva.
La sustentabilidad no se declama. Se construye con decisiones anticipadas.
Cuando la acción llega tarde, el mercado ya pagó el costo. Y lo que parecía un episodio excepcional empieza a parecerse demasiado a un patrón.
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