En las últimas semanas se reactivó el debate sobre el futuro del seguro argentino a partir de la presentación de un proyecto de declaración en el Congreso que impulsa la necesidad de una reforma integral de las leyes que regulan la actividad aseguradora. Como era esperable, el tema generó reacciones diversas: apoyos, críticas, aportes técnicos y también algunas resistencias.
Ese debate es sano. Pero también deja en evidencia algo más profundo: la discusión sobre el seguro argentino sigue, muchas veces, enfocada en los síntomas y no en las causas.
Se habla de crecimiento, de penetración, de nuevos productos, de innovación. Todo eso es necesario. Pero hay una pregunta previa que todavía no está del todo saldada: ¿sobre qué bases queremos que crezca el sistema?
Porque crecer no es, necesariamente, mejorar.
El mercado asegurador argentino enfrenta un problema menos visible, pero estructural: la calidad de su funcionamiento. Y esa calidad no depende solo de la regulación ni exclusivamente de la macroeconomía. Depende, en gran medida, de cómo operan las compañías.
El seguro es, ante todo, un sistema de gestión de procesos. Desde la emisión de la póliza hasta la cobranza, y desde allí hasta la gestión del siniestro, cada eslabón define el resultado final del negocio. Cuando esos procesos fallan —por errores de emisión, deficiencias en la cobranza, mala imputación o gestión ineficiente del siniestro— el impacto no es menor: se traduce en pérdida de rentabilidad, deterioro del servicio y aumento del riesgo sistémico.
Durante años, muchas de estas ineficiencias quedaron ocultas detrás de contextos macroeconómicos que permitían absorber errores. Pero en un escenario de mayor estabilidad y competencia, esos desvíos empiezan a ser evidentes.
El punto más crítico de esta dinámica es el siniestro.
El siniestro no es un costo para minimizar. Es el núcleo del contrato de seguro. Es donde la promesa se materializa. Pero también es donde se concentran los mayores riesgos técnicos, financieros y legales.
Una mala gestión del siniestro no solo impacta en el resultado de una compañía. Alimenta la judicialización, incrementa las reservas, deteriora la experiencia del asegurado y, en muchos casos, termina trasladando costos al conjunto del sistema.
Hoy ya no es negocio “patear” siniestros. No es negocio compensar ineficiencias operativas con precio. No es negocio trasladar errores al cliente.
Este punto conecta directamente con otro eje que empieza a ganar centralidad en la discusión pública: la litigiosidad.
El aumento de la judicialización, particularmente en el sistema de riesgos del trabajo, no puede analizarse solo como un fenómeno jurídico. Es también el resultado de fallas en el diseño del sistema, en la gestión operativa y en los incentivos que estructuran el comportamiento de los actores.
Cuando el conflicto se vuelve un mecanismo sistemático de resolución, el problema deja de ser individual y pasa a ser institucional.
En este contexto, la reciente discusión sobre reformas en materia laboral que buscan disciplinar reclamos excesivos es un dato relevante. Pero no suficiente. Ordenar incentivos es necesario, pero no reemplaza la necesidad de rediseñar el sistema.
Y es ahí donde el debate que abrió el proyecto de declaración cobra sentido.
Porque si algo dejó en evidencia esa discusión es que el problema del seguro argentino no se resuelve con ajustes marginales. Requiere una mirada integral. Requiere repensar la arquitectura del sistema.
La regulación vigente —fragmentada, con normas que responden a contextos de hace décadas— no está diseñada para un mercado que necesita gestionar riesgo de manera moderna, eficiente y alineada con estándares internacionales.
- No alcanza con controlar solvencia en términos estáticos.
- No alcanza con verificar cumplimiento formal.
- No alcanza con incorporar parches regulatorios.
Hace falta una nueva ley.
Una ley que integre contrato, actividad, intermediación y supervisión bajo una lógica coherente.
- Que incorpore esquemas de solvencia basados en riesgo.
- Que incentive la eficiencia operativa y la disciplina técnica.
- Que ordene los incentivos del sistema.
- Que reduzca la litigiosidad estructural mediante mecanismos adecuados.
- Que facilite la innovación y la expansión del mercado.
Pero, sobre todo, una ley que entienda al seguro no como un sector aislado, sino como una pieza central de la arquitectura económica.
El seguro argentino no es solo una industria. Es un sistema de gestión de riesgos que impacta en el crédito, la inversión, el empleo y la estabilidad económica. Cuando ese sistema funciona mal, el costo no lo paga solo el sector. Lo paga toda la economía.
Por eso, la discusión que se abrió en torno al proyecto de declaración es una oportunidad.
- Una oportunidad para elevar el nivel del debate.
- Para pasar de la coyuntura a la estructura.
- Para dejar de discutir solo cómo crece el seguro y empezar a discutir cómo debe funcionar.
Porque el desafío no es menor.
Argentina no necesita simplemente que la industria aseguradora incremente su participación en el PBI.
Necesita una mejor industria aseguradoradora.
Y para eso, además de gestión, disciplina técnica y eficiencia operativa, necesita algo que hace tiempo está pendiente:
UNA NUEVA LEY.
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