Pactaban licitaciones incurriendo en fraude
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso multas por un total de 2,91 millones de euros a cuatro agencias de viajes por manipular licitaciones públicas convocadas por el Banco de España y la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
En este caso, el organismo calificó el acto como una infracción muy grave de la normativa de competencia.
Las empresas sancionadas son Nautalia Viajes, Viajes El Corte Inglés (VECI), Ávoris Retail División e Integración de Agencias de Viajes (IAG7).
Según la resolución, las compañías coordinaron sus ofertas para repartirse los contratos y simular competencia, limitando la concurrencia de otros operadores y alterando el normal funcionamiento del mercado.
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Incumplimiento a la ley de Competencia
La CNMC señaló que estas conductas vulneran el artículo 1 de la Ley 15/2007 de Defensa de la Competencia y el artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
La misma prohíbe expresamente los acuerdos para el reparto de licitaciones públicas o cualquier práctica destinada a restringir la competencia.
En el caso del contrato del Banco de España, las multas ascienden en conjunto a 630.000 euros.
A ello se suman sanciones adicionales por el contrato de la UCM: 60.000 euros para Viajes El Corte Inglés, 220.000 euros para Nautalia y 110.000 euros para Ávoris Retail.
Tras la instrucción del expediente sancionador, la CNMC confirmó que el importe total de las multas alcanza los 2,91 millones de euros.
Las agencias de viajes recibieron sanciones importantes
Además de las sanciones económicas, la resolución contempla la prohibición de contratar con la administración pública en el ámbito de servicios de agencias de viajes y desplazamientos profesionales.
En concreto, IAG7 no podrá contratar durante tres meses, mientras que Nautalia, Viajes El Corte Inglés y Ávoris Retail enfrentarán una inhabilitación de seis meses.
La CNMC destacó que esta es la cuarta vez que el organismo determina de forma directa el alcance y la duración de una prohibición de contratar para empresas involucradas en acuerdos anticompetitivos.
Finalmente, quedó definida la gravedad del caso y la necesidad de reforzar la vigilancia en la contratación pública.
Con información de Infobae
