Histórica condena en Colombia
El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, fue condenado este jueves a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.
La decisión fue emitida por la jueza Sandra Liliana Heredia, del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, y marca un antes y un después en la historia judicial y política del país.
Es la primera vez que un exmandatario colombiano recibe una sentencia de esta magnitud.
El proceso contra Uribe se remonta a 2012, cuando denunció al entonces senador Iván Cepeda por presuntamente manipular testigos para vincularlo con grupos paramilitares.
Sin embargo, la Corte Suprema halló indicios de que Uribe y su abogado, Diego Cadena, habrían intentado sobornar a varios testigos encarcelados para que cambiaran sus versiones y desacreditaran a Cepeda.
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Multa millonaria, prisión e inhabilitación política
La jueza consideró que Uribe no actuó en defensa de su honra, sino que utilizó su poder e influencia para obstaculizar la justicia, por lo que le impuso la pena máxima contemplada para los delitos imputados.
Además de la pena de 144 meses en prisión domiciliaria, Uribe deberá pagar una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos y fue inhabilitado por más de ocho años para ejercer cargos públicos.
El fallo también le impide salir del país, y deberá cumplir la condena en su finca de Rionegro, Antioquia, bajo custodia domiciliaria.
La defensa ya anunció que apelará ante el Tribunal Superior de Bogotá. De no prosperar, el caso podría llegar a la Corte Suprema, aunque el fallo actual es de inmediato cumplimiento.
Impacto político y reacción pública
La sentencia sacudió el panorama político colombiano. Uribe, líder del partido de derecha Centro Democrático y una figura clave en la política del siglo XXI en Colombia, calificó el fallo como una “persecución política”.
Mientras tanto, sectores de izquierda celebraron la decisión como un hito en la lucha contra la impunidad.
Analistas advierten que este caso podría tener consecuencias en la campaña presidencial de 2026, debilitando al uribismo y polarizando aún más al electorado.
Organismos internacionales de derechos humanos y juristas han seguido el proceso de cerca, destacando la importancia de la independencia judicial en una democracia consolidada.
Con información de CNN
