El juicio contra la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y el gobernador suspendido Luis Fernando Camacho, por su presunta participación en el caso «golpe de Estado I», ha sido aplazado. La audiencia, prevista para este lunes, no se llevó a cabo debido a la ausencia de los acusados en la sala.
Áñez, recluida en una prisión de La Paz desde 2021, y Camacho, detenido en una cárcel de máxima seguridad desde finales de 2022, no fueron trasladados desde sus lugares de reclusión a pesar de la orden judicial.
Su abogado, Luis Guillén, atribuyó la ausencia de Áñez a un incumplimiento por parte del Ministerio de Gobierno y la Dirección General de Régimen Penitenciario.
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También se encontraba con detención preventiva Marco Pumari.
El Tribunal Sexto de Sentencia reprogramó la audiencia para este jueves a las 8:30 hora local (12:30 GMT). El aplazamiento afecta a los tres principales acusados en este caso relacionado con la crisis política de 2019 en Bolivia.
Incumplimiento en traslado de presos: Se exige respeto al debido proceso
Se ha generado controversia por el incumplimiento en el traslado de los acusados en el caso «Golpe de Estado I», incluyendo a Luis Fernando Camacho.
Si bien el Régimen Penitenciario presentó un informe justificando su incumplimiento, la defensa de Camacho lo ha cuestionado por falta de pruebas.
Los abogados han enfatizado la necesidad de respetar el debido proceso y el derecho de Camacho a estar presente para defender su presunción de inocencia.
El tribunal ha advertido que futuras faltas serán remitidas al Ministerio Público para investigación.
El caso involucra a varios acusados, entre ellos Jeanine Áñez y otros ex funcionarios de gobierno y militares, incluyendo a Arturo Murillo y Fernando López, quienes se encuentran en el extranjero enfrentando cargos separados.
La falta de traslado de los acusados ha puesto en entredicho la eficiencia del sistema penitenciario y la garantía de un juicio justo.
Áñez Sentenciada a 10 Años: Un Resumen del Caso
Jeanine Áñez, expresidenta de Bolivia, ha recibido una sentencia de 10 años de prisión. Esta condena se suma a otra de 10 años impuesta en junio de 2022 por el caso «golpe de Estado II», relacionado con su ascenso a la presidencia en 2019 tras la renuncia de Evo Morales.
La controversia gira en torno a la interpretación de los eventos de 2019: el MAS (Movimiento al Socialismo) los considera un golpe de Estado, mientras que la oposición argumenta que fueron resultado de protestas por un presunto fraude electoral.
Las investigaciones comenzaron tras una denuncia en 2020. Actualmente, Luis Fernando Camacho, líder de las protestas de 2019, enfrenta cargos de terrorismo con una posible pena de 20 años de prisión. Áñez, junto a otras figuras, es acusada de complicidad en este caso. La situación continúa generando debate político en Bolivia.
Con información de EFE
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